CIPO apoya la ILP para blindar la atención a la discapacidad a entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social
- La propuesta quiere evitar que la atención a las personas con discapacidad se rija por beneficios económicos
- CIPO se constituye como punto fijo de recogida de firmas para todas aquellas personas que quieran dar apoyo a la propuesta
CIPO se ha adherido a la campaña de recogida de firmas para llevar a debate parlamentario una de las primeras Iniciativas Legislativas Populares (ILP) presentadas en Cataluña en el ámbito de los Servicios Sociales. Esta iniciativa reclama que se garantice la concertación social exclusiva en la provisión de los servicios sociales dirigidos a personas con discapacidad con necesidades de apoyos personalizados, integrales y de continuidad, a través de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. El objetivo es evitar que centros ocupacionales o hogares residencia como los de CIPO, con plazas concertadas, por ejemplo, sean gestionados por empresas privadas, con el fin de proteger un modelo público no lucrativo y con una mirada social y comunitaria.
La propuesta surge del impulso de un grupo de familias —madres, padres y personas vinculadas al mundo de la discapacidad— que han decidido alzar la voz para transformar el sistema actual y asegurar una atención centrada en las necesidades reales, gestionada por entidades arraigadas, comprometidas y con vocación social. Desde la Comisión Promotora aseguran que “esta ILP no nace de ningún interés, sino de la voluntad colectiva de proteger un modelo de servicios sociales que ponga a las personas en el centro y no el beneficio económico”.
Joan Madaula, presidente de CIPO, ha explicado los motivos por los que la entidad se suma a la defensa de esta ILP: “Nos adherimos a esta ILP porque creemos que los servicios sociales no pueden responder a lógicas de mercado, sino a un compromiso firme con las personas, las familias y la comunidad”. Jordi Garcia, gerente de CIPO, añade que “la entrada de empresas mercantiles en esta gestión puede poner en riesgo este modelo, priorizando el beneficio económico por delante del bienestar de las personas.”
El Parlamento de Cataluña admitió a trámite la iniciativa el pasado 9 de octubre, y el 20 de octubre se llevó a cabo el acto oficial de habilitación de fedatarios y fedatarias. A partir de ese momento, se asume el reto de recoger 50.000 firmas en un plazo de 120 días, requisito indispensable para abrir el debate parlamentario de esta propuesta ciudadana.
La sede de CIPO, en la calle del Himalaya (Sabadell), es uno de los puntos de recogida de firmas repartidos por todo el territorio. Todas las personas que quieran mostrar su apoyo a la iniciativa pueden dirigirse a CIPO, de lunes a jueves, de 8 h a 17 h, y los viernes, de 8 h a 15 h, para sumar su firma.
Aquí se puede consultar toda la información y hacer seguimiento de la iniciativa.