CIPO celebra la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social de Cataluña
La entidad destaca el reconocimiento institucional del sector, la participación en las políticas públicas, la estabilidad de la financiación y el reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
CIPO celebra la aprobación en el Parlament de Catalunya de la nueva Ley del Tercer Sector Social, impulsada por la Taula d’Entitats del Tercer Sector y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. Se trata de una reivindicación histórica de las entidades sociales catalanas que, por primera vez, dota al sector de un marco legal propio y reconoce su función de servicio público.
La ley reconoce la labor de más de 3.000 organizaciones sociales sin ánimo de lucro que trabajan en toda Cataluña para garantizar derechos, combatir las desigualdades y acompañar a más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social. El sector da empleo a más de 120.000 profesionales y cuenta con miles de personas voluntarias.
Desde CIPO, se valora especialmente que la norma suponga un reconocimiento institucional que dignifica el trabajo de las entidades sociales y pone en valor el papel fundamental que tenemos en la cohesión social y la garantía de derechos. Joan Madaula, presidente de la entidad, destaca que esta ley “reconoce una realidad que llevamos décadas sosteniendo desde el territorio: las entidades sociales no somos un complemento, sino una pieza esencial del sistema de bienestar”.
Participación en las políticas públicas
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es la creación del Consejo de Diálogo Civil, un espacio estable de interlocución entre el Gobierno y el tercer sector social para participar en las políticas públicas relacionadas con los derechos sociales. Este paso, explica Madaula, “debe permitir que las entidades sociales participemos no solo en la ejecución, sino también en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, aportando el conocimiento y la experiencia que tenemos del día a día con las personas”.
Reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
CIPO pone en valor que la ley reconozca explícitamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. “Este reconocimiento es especialmente importante porque valida un modelo que prioriza la inclusión, el acompañamiento y el impacto social por delante del lucro”, comenta Jordi Garcia. “En este sentido, los CEE de iniciativa social reinvierten los recursos en generar más oportunidades, apoyos y calidad de vida para las personas con discapacidad de especial dificultad, consolidando un modelo centrado en las personas y con compromiso social y territorial”.
Más estabilidad y sostenibilidad
La ley también reconoce la concertación como la fórmula preferente de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del tercer sector social, con el objetivo de avanzar hacia una mayor estabilidad y sostenibilidad económica. Este cambio de paradigma es un paso imprescindible para garantizar la continuidad de los proyectos sociales y ofrecer servicios de calidad con una mirada a largo plazo, ya que en muchas ocasiones, afirma Madaula, “las entidades hemos tenido que trabajar con incertidumbre económica o infrafinanciación, a pesar de prestar servicios esenciales”.
Mejorar las condiciones laborales del sector
La normativa también apuesta por avanzar hacia unas condiciones laborales equiparables a las de la función pública y reforzar la calidad del empleo dentro del sector social. Esta ha sido una reivindicación constante del sector, ya que, según explica Garcia, “la calidad de los servicios sociales depende directamente de poder ofrecer estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas a las personas que trabajan en ellos”.
“Ahora el reto es desplegarla”
El reto empieza ahora: desplegar la ley y garantizar que tenga efectos reales en el día a día de las entidades y de las personas. “Tener una ley es un gran paso, pero es necesario que se traduzca en recursos, mecanismos estables y políticas concretas”, concluye Madaula.